La Ley 2043 de 2020 establece reconocer las prácticas laborales como experiencia profesional, además de establecer 1 SMLV, tanto en sectores públicos como privados. Este periodo es establecido por las universidades para hacer válida la carrera universitaria y culminar así su proceso formativo.
El mundo laboral trae muchos retos, el primero que encontramos al salir como egresados, es la barrera de la falta de experiencia que afecta una contratación pronta como profesional. Actualmente la tasa de desempleo en la población juvenil se ubica en 23,1%, en el año en curso, en comparación con el trimestre de febrero – abril de 2020 que fue de 22,8%. Para las mujeres esta tasa se ubicó en 30,1% y para los hombres en 17,9%, según lo informa el DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística – en su página web.
Es importante recalcar que las labores registradas durante las prácticas están relacionadas directamente con el programa académico cursado, brindando la posibilidad bajo la nueva ley de contribuir en el ámbito laboral y garantizando así reforzar su hoja de vida o curriculum con experiencia, de manera que pueda ingresar a ejercer sus labores de forma profesional. La validación de la experiencia, se valida ante actividades formativas desarrolladas por el estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplican los contratos de aprendizaje, judicaturas, pasantías, práctica laboral en estricto sentido y relación docencia de servicio del sector salud.
Frente a la remuneración la presente ley tiene contemplada la validación de subsidios y beneficios económicos en relación a los riesgos profesionales y Seguridad Social en Salud. Además, no excluye al empleador de la responsabilidad de afiliación a la ARL y del cubrimiento con póliza de responsabilidad civil a terceros según la reglamentación del sector por cada practicante.
Referente al sector público también es importante tener en cuenta que se deberán realizar anualmente por lo menos una convocatoria de vacantes para prácticas y también se deberá dar prioridad a la vinculación de mujeres y personas con discapacidad.